Arizona y el dinero detrás de la ley anti indocumentados

Resulta que en Arizona hay cárceles de propiedad privada que bajo contrato alojan presos estatales y federales por millones de dólares al año. Una empresa que posee y administra seis de esas prisiones privadas es Corrections Corporation of America, o “CCA”. CCA, por lo tanto, ganaría mucho dinero extra si terminan en sus cárceles los inmigrantes indocumentados que Arizona arreste bajo los mandatos de la ley SB1070.

¿Es una simple coincidencia? Usted decida.

Según la revista “In These Times”, el senador estatal Pearce, el padre legislativo de la SB 1070, presentó una versión preliminar de la ley anti indocumentada ante la “American Legislative Exchange Council” (ALEC) de Arizona un mes antes de que la llevara ante el senado estatal. ¿Y quiénes pertenecen a la ALEC? Entre otros, la CCA, (la empresa carcelaria privada más grande del país), el Geo Group (la segunda empresa carcelaria privada más grande del país) y Sodexho Marriott (el proveedor de comida para prisiones más grande del país).

 

Adicionalmente, poco más de una semana después de que la SB1070 finalmente fuera presentada en el senado de Arizona, la CCA contrató a la firma consultora “Highground” de Phoenix para que representara sus intereses ante el estado. El dueño de Highground es el principal asesor y director de la campaña de reelección de la gobernadora Brewer.

Por otro lado, el actual portavoz de la gobernadora Brewer, Paul Senseman, fue el principal representante de la CCA como empleado de la consultora “Policy Development Group”, empresa para la cual su esposa Kathryn todavía trabaja representando a CCA ante la legislatura estatal.

No es de extrañarse pues, que el año pasado legisladores estatales de Arizona presentaran una propuesta de ley para privatizar mediante licitación pública nueve de las diez prisiones estatales. Fue la primera vez que un estado impulsó una iniciativa para poner todo su sistema carcelario en manos privadas.

Lo mínimo que se puede decir ante esto, son dos cosas: primero, que el millonario negocio de las prisiones y de los prisioneros –como indocumentados, por ejemplo- parece gozar de una influencia muy cercana a la gobernadora Brewer; y segundo, que quienes presentan la ley anti indocumentados de Arizona solo como un tema de inmigración no saben de lo que hablan, ó son unos hipócritas.

Resulta que en Arizona hay cárceles de propiedad privada que bajo contrato alojan presos estatales y federales por millones de dólares al año. Una empresa que posee y administra seis de esas prisiones privadas es Corrections Corporation of America, o “CCA”. CCA, por lo tanto, ganaría mucho dinero extra si terminan en sus cárceles los inmigrantes indocumentados que Arizona arreste bajo los mandatos de la ley SB1070.

¿Es una simple coincidencia? Usted decida.

Según la revista “In These Times”, el senador estatal Pearce, el padre legislativo de la SB 1070, presentó una versión preliminar de la ley anti indocumentada ante la “American Legislative Exchange Council” (ALEC) de Arizona un mes antes de que la llevara ante el senado estatal. ¿Y quiénes pertenecen a la ALEC? Entre otros, la CCA, (la empresa carcelaria privada más grande del país), el Geo Group (la segunda empresa carcelaria privada más grande del país) y Sodexho Marriott (el proveedor de comida para prisiones más grande del país).

Adicionalmente, poco más de una semana después de que la SB1070 finalmente fuera presentada en el senado de Arizona, la CCA contrató a la firma consultora “Highground” de Phoenix para que representara sus intereses ante el estado. El dueño de Highground es el principal asesor y director de la campaña de reelección de la gobernadora Brewer.

Por otro lado, el actual portavoz de la gobernadora Brewer, Paul Senseman, fue el principal representante de la CCA como empleado de la consultora “Policy Development Group”, empresa para la cual su esposa Kathryn todavía trabaja representando a CCA ante la legislatura estatal.

No es de extrañarse pues, que el año pasado legisladores estatales de Arizona presentaran una propuesta de ley para privatizar mediante licitación pública nueve de las diez prisiones estatales. Fue la primera vez que un estado impulsó una iniciativa para poner todo su sistema carcelario en manos privadas.

Lo mínimo que se puede decir ante esto, son dos cosas: primero, que el millonario negocio de las prisiones y de los prisioneros –como indocumentados, por ejemplo- parece gozar de una influencia muy cercana a la gobernadora Brewer; y segundo, que quienes presentan la ley anti indocumentados de Arizona solo como un tema de inmigración no saben de lo que hablan, ó son unos hipócritas.

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