Activistas e iglesias exigen Justicia por la muerte de indígenas en Guatemala

Activistas humanitarios y la jerarquía religiosa de Guatemala exigieron hoy a las autoridades que se castigue a los responsables de la muerte de seis indígenas el pasado jueves durante una protesta callejera en el noroeste del país que dejó decenas de heridos.La Fiscalía de Guatemala ya recibió los informes de las necropsias realizadas a las seis víctimas, que fueron inhumadas este sábado en el departamento de Totonicapán.Los confusos hechos del jueves pasado, que involucraron a cientos de manifestantes y a contingentes militares antidisturbios, dejaron al menos seis indígenas muertos, 34 heridos, 30 de ellos de bala, así como ocho soldados con golpes y rasguños, de acuerdo a la información disponible.El director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Jorge Cabrera, dijo a periodistas que aún no se puede revelar el tipo de munición que provocó la muerte de las seis personas y que lo único que se puede confirmar es que presentan heridas de bala.El presidente de la República, Otto Pérez Molina, dijo ayer que siete soldados admitieron haber disparado durante la protesta, pero que lo hicieron "al aire" y en defensa propia.Los militares fueron puestos a la orden de la Justicia junto con las armas para que sean investigados.Según Pérez Molina, el detonante de la violencia fue que "un guardia de seguridad privada" que custodiaba un camión comercial, y quien también fue entregado a las autoridades, disparó contra la muchedumbre supuestamente para abrirse paso.El suceso ocurrió en un tramo de la carretera Interamericana conocido como Alaska, cuando cientos de vecinos de los 48 cantones de Totonicapán bloquearon seis diferentes pasos en rechazo de unas reformas a la Constitución promovidas por Pérez Molina, y exigencia de una reducción en la tarifa eléctrica de una empresa privada, entre otros.El vicepresidente de la Junta Directiva de Alcaldes de los 48 cantones de Totonicapán, Eusebio Hernández, dijo a medios locales que los manifestantes fueron atacados sin piedad por supuestos militares y que los manifestantes estaban desarmados.Hernández dijo este sábado a periodistas que pedirán al Estado que se de un resarcimiento a los familiares de las víctimas, y que se castigue a los responsables.El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que aglutina a organizaciones indígenas del occidente de Guatemala, exigió en un comunicado "Justicia, respeto a la vida, no más militarización, (y) no más mano dura contra el pueblo que lucha por sus derechos".El director del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (Ciidh), Jorge Santos, declaró por su parte que "es necesario que exista una investigación transparente", y anunció que pedirán constituirse en querellantes adheridos del caso."Nos convertiremos en querellantes en los procesos de acceso a la Justicia (porque), hay delitos penales que deben ser esclarecidos", sostuvo Santos este sábado.La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) condenó en un comunicado los hechos violentos del pasado jueves, e hizo un llamamiento al diálogo y al pronto esclarecimiento de las muertes de los indígenas.La Conferencia Episcopal de Guatemala también pidió a las autoridades que se investiguen a profundidad los hechos."La Iglesia católica considera fundamental e imprescindible, ante las versiones contradictorias, que se establezca una sincera y creíble búsqueda de la verdad", expresó el Episcopado en un comunicado.El Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, al que pertenecen varias iglesias, entre ellas la Católica, Evangélica y Luterana, también se unió a las muestras de repudio a la violencia del jueves pasado, y exigió al Gobierno el cese de la represión a las comunidades indígenas.El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, anunció que se convertirá en garante del proceso de investigación.El excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien perdió ante Pérez Molina en las elecciones de noviembre pasado, pidió al Ejecutivo detener la "represión, la militarización y el abuso" contra la población indígena.En declaraciones a la prensa local, el dirigente político anunció que presentará una denuncia por ejecución extrajudicial en contra de Pérez Molina y su ministro de Defensa, Ulises Anzueto.

Activistas humanitarios y la jerarquía religiosa de Guatemala exigieron hoy a las autoridades que se castigue a los responsables de la muerte de seis indígenas el pasado jueves durante una protesta callejera en el noroeste del país que dejó decenas de heridos.La Fiscalía de Guatemala ya recibió los informes de las necropsias realizadas a las seis víctimas, que fueron inhumadas este sábado en el departamento de Totonicapán.Los confusos hechos del jueves pasado, que involucraron a cientos de manifestantes y a contingentes militares antidisturbios, dejaron al menos seis indígenas muertos, 34 heridos, 30 de ellos de bala, así como ocho soldados con golpes y rasguños, de acuerdo a la información disponible.El director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Jorge Cabrera, dijo a periodistas que aún no se puede revelar el tipo de munición que provocó la muerte de las seis personas y que lo único que se puede confirmar es que presentan heridas de bala.El presidente de la República, Otto Pérez Molina, dijo ayer que siete soldados admitieron haber disparado durante la protesta, pero que lo hicieron "al aire" y en defensa propia.Los militares fueron puestos a la orden de la Justicia junto con las armas para que sean investigados.Según Pérez Molina, el detonante de la violencia fue que "un guardia de seguridad privada" que custodiaba un camión comercial, y quien también fue entregado a las autoridades, disparó contra la muchedumbre supuestamente para abrirse paso.El suceso ocurrió en un tramo de la carretera Interamericana conocido como Alaska, cuando cientos de vecinos de los 48 cantones de Totonicapán bloquearon seis diferentes pasos en rechazo de unas reformas a la Constitución promovidas por Pérez Molina, y exigencia de una reducción en la tarifa eléctrica de una empresa privada, entre otros.El vicepresidente de la Junta Directiva de Alcaldes de los 48 cantones de Totonicapán, Eusebio Hernández, dijo a medios locales que los manifestantes fueron atacados sin piedad por supuestos militares y que los manifestantes estaban desarmados.Hernández dijo este sábado a periodistas que pedirán al Estado que se de un resarcimiento a los familiares de las víctimas, y que se castigue a los responsables.El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que aglutina a organizaciones indígenas del occidente de Guatemala, exigió en un comunicado "Justicia, respeto a la vida, no más militarización, (y) no más mano dura contra el pueblo que lucha por sus derechos".El director del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (Ciidh), Jorge Santos, declaró por su parte que "es necesario que exista una investigación transparente", y anunció que pedirán constituirse en querellantes adheridos del caso."Nos convertiremos en querellantes en los procesos de acceso a la Justicia (porque), hay delitos penales que deben ser esclarecidos", sostuvo Santos este sábado.La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) condenó en un comunicado los hechos violentos del pasado jueves, e hizo un llamamiento al diálogo y al pronto esclarecimiento de las muertes de los indígenas.La Conferencia Episcopal de Guatemala también pidió a las autoridades que se investiguen a profundidad los hechos."La Iglesia católica considera fundamental e imprescindible, ante las versiones contradictorias, que se establezca una sincera y creíble búsqueda de la verdad", expresó el Episcopado en un comunicado.El Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, al que pertenecen varias iglesias, entre ellas la Católica, Evangélica y Luterana, también se unió a las muestras de repudio a la violencia del jueves pasado, y exigió al Gobierno el cese de la represión a las comunidades indígenas.El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, anunció que se convertirá en garante del proceso de investigación.El excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien perdió ante Pérez Molina en las elecciones de noviembre pasado, pidió al Ejecutivo detener la "represión, la militarización y el abuso" contra la población indígena.En declaraciones a la prensa local, el dirigente político anunció que presentará una denuncia por ejecución extrajudicial en contra de Pérez Molina y su ministro de Defensa, Ulises Anzueto.

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