Defienden reforma de pensiones de jueces de P.Rico para garantizar solvencia

La procuradora general de Puerto Rico, Margarita Mercado Echegaray, dijo hoy en una vista ante el Tribunal Supremo en relación a la constitucionalidad de la ley que reforma el Sistema de Retiro de los jueces que el objetivo del Gobierno es garantizar su futura solvencia."El estatuto no modifica el sueldo de los jueces, únicamente modifica el sistema de retiro, por lo que no cabe hablar de violación a la prohibición constitucional de disminución de los sueldos de los magistrados", indicó Mercado Echegaray.Dijo que la crisis fiscal que vive Puerto Rico obligó a la Asamblea Legislativa a reformar todos los sistemas de retiro de los empleados públicos y a enmendar el Sistema de Retiro de la judicatura para evitar una situación de insolvencia."Esta actuación legislativa para salvar el sistema de retiro de nuestros jueces no afecta el principio de independencia judicial. Al contrario, se trata de un esfuerzo para que la judicatura pueda mantener su sistema de retiro y así salvaguardar la independencia de dicha rama de gobierno", afirmó.La procuradora expuso además que la Constitución de Puerto Rico garantiza la existencia de un sistema de retiro para la Judicatura, contrario a los sistemas de pensiones de los demás empleados públicos, que no gozan de esa garantía.La disposición constitucional contra acciones de disminución aplica exclusivamente a sueldos, reiteró.Dijo que el sistema opera para el año fiscal en curso con un déficit en el flujo de efectivo de 8,2 millones de dólares y que se estima que, de no haberse tomado medidas, se quedará sin activos netos para 2018. Puntualizó que, con la aprobación de esta medida, la judicatura colabora con el sostenimiento de su propio sistema de retiro, al igual que lo han hecho los demás empleados públicos."Esta ley salvaguarda la independencia judicial al mantener inalteradas las pensiones de los jueces retirados. Las aportaciones de los jueces al sistema y la compensación de pensión futura se modifican levemente, en comparación a los ajustes que fueron necesarios en cuanto al sistema de retiro de los demás empleados públicos", indicó Mercado Echegaray.La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura presentó un recurso ante el Tribunal de San Juan contra la reforma del Sistema de Retiro de la Judicatura por entender que es inconstitucional.La iniciativa de los jueces puertorriqueños responde a la decisión del Legislativo de aprobar la Ley de Reforma del Sistema de Retiro de Jueces, que aumenta del 8 % al 10 % la aportación individual de los magistrados a su jubilación y reduce de 75 % a 60 % la pensión sobre el salario que recibirán los jueces al jubilarse. Los jueces estiman que la ley aprobada a iniciativa del Ejecutivo viola al menos cuatro disposiciones de la Constitución de Puerto Rico. El recurso de los jueces se suma al enfrentamiento de los docentes del sistema público con el Ejecutivo tras la reforma del Sistema de Retiro de los Maestros, que responde a las recomendaciones de las agencias de calificación para evitar una nueva bajada de la deuda de Puerto Rico.

La procuradora general de Puerto Rico, Margarita Mercado Echegaray, dijo hoy en una vista ante el Tribunal Supremo en relación a la constitucionalidad de la ley que reforma el Sistema de Retiro de los jueces que el objetivo del Gobierno es garantizar su futura solvencia."El estatuto no modifica el sueldo de los jueces, únicamente modifica el sistema de retiro, por lo que no cabe hablar de violación a la prohibición constitucional de disminución de los sueldos de los magistrados", indicó Mercado Echegaray.Dijo que la crisis fiscal que vive Puerto Rico obligó a la Asamblea Legislativa a reformar todos los sistemas de retiro de los empleados públicos y a enmendar el Sistema de Retiro de la judicatura para evitar una situación de insolvencia."Esta actuación legislativa para salvar el sistema de retiro de nuestros jueces no afecta el principio de independencia judicial. Al contrario, se trata de un esfuerzo para que la judicatura pueda mantener su sistema de retiro y así salvaguardar la independencia de dicha rama de gobierno", afirmó.La procuradora expuso además que la Constitución de Puerto Rico garantiza la existencia de un sistema de retiro para la Judicatura, contrario a los sistemas de pensiones de los demás empleados públicos, que no gozan de esa garantía.La disposición constitucional contra acciones de disminución aplica exclusivamente a sueldos, reiteró.Dijo que el sistema opera para el año fiscal en curso con un déficit en el flujo de efectivo de 8,2 millones de dólares y que se estima que, de no haberse tomado medidas, se quedará sin activos netos para 2018. Puntualizó que, con la aprobación de esta medida, la judicatura colabora con el sostenimiento de su propio sistema de retiro, al igual que lo han hecho los demás empleados públicos."Esta ley salvaguarda la independencia judicial al mantener inalteradas las pensiones de los jueces retirados. Las aportaciones de los jueces al sistema y la compensación de pensión futura se modifican levemente, en comparación a los ajustes que fueron necesarios en cuanto al sistema de retiro de los demás empleados públicos", indicó Mercado Echegaray.La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura presentó un recurso ante el Tribunal de San Juan contra la reforma del Sistema de Retiro de la Judicatura por entender que es inconstitucional.La iniciativa de los jueces puertorriqueños responde a la decisión del Legislativo de aprobar la Ley de Reforma del Sistema de Retiro de Jueces, que aumenta del 8 % al 10 % la aportación individual de los magistrados a su jubilación y reduce de 75 % a 60 % la pensión sobre el salario que recibirán los jueces al jubilarse. Los jueces estiman que la ley aprobada a iniciativa del Ejecutivo viola al menos cuatro disposiciones de la Constitución de Puerto Rico. El recurso de los jueces se suma al enfrentamiento de los docentes del sistema público con el Ejecutivo tras la reforma del Sistema de Retiro de los Maestros, que responde a las recomendaciones de las agencias de calificación para evitar una nueva bajada de la deuda de Puerto Rico.

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