Pérez Molina prohíbe el uso del Ejército para dispersar manifestaciones públicas

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció hoy que prescindirá del Ejército para disuadir a manifestantes, luego de la muerte de ocho campesinos indígenas la semana pasada en una carretera del oeste del país supuestamente a manos de soldados.El mandatario informó que ha ordenado a sus ministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y de la Defensa, Ulises Anzueto, que "en las protestas o manifestaciones de tipo social no se utilice al Ejército" para disuadirlas cuando ello sea necesario.Esa tarea deberá cumplirla la Policía Nacional Civil "aunque no tenga los recursos ni los elementos necesarios", precisó el gobernante y general en situación de retiro en declaraciones a los periodistas.Pérez Molina aseguró además que, como parte de las acciones que su Gobierno ha tomado para evitar que se repitan incidentes como los de la semana pasada, también ordenó publicar los protocolos que deberán seguir las fuerzas de seguridad para actuar ante las manifestaciones.Esos protocolos "los vamos a hacer públicos para que los conozcan todos los guatemaltecos, para que se sepan los procedimientos que se van a utilizar" en situaciones de protestas públicas, indicó el gobernante.Pérez Molina aclaró que, aunque ya no utilizarán a las Fuerzas Armadas en tareas de disuasión, los militares sí continuarán participando en las acciones regulares de seguridad ciudadana en apoyo a la Policía."En los temas de seguridad ciudadana el Ejército ha sido reclamado en diferentes lugares (por la población). Para eso sí lo vamos a seguir utilizando", especialmente en lo relacionado al combate del crimen organizado, sostuvo.El presidente insistió en que su Gobierno es el "más interesado" en que la Justicia esclarezca la matanza de campesinos, ocurrida el pasado día 4 durante una manifestación de pobladores del departamento indígena de Totonicapán.También reiteró que su Administración acatará los resultados de la investigación judicial, que lleva adelante la Fiscalía.Ocho soldados que, según ha dicho Pérez Molina, confesaron haber disparado "al aire" y en defensa propia, se encuentran detenidos en un cuartel del Ejército mientras la Fiscalía concluye las investigaciones del confuso incidente del jueves pasado, que dejó al menos ocho muertos y una treintena de heridos, la mayoría de bala.Aquel día, cientos de indígenas protestaban en un sector de la carretera Interamericana contra la reforma constitucional, que impulsa Pérez Molina, y el alza de la energía, y fueron enviados contingente del Ejército para dispersarlos.La muerte de los manifestantes ha generado una ola de repudio en Guatemala, donde la activistas de derechos humanos y las iglesias han exigido justicia, mientras que la oposición ha anunciado que denunciará a Pérez Molina ante la ONU.El exintegrante de la comisión de la antigua guerrilla que firmó los acuerdos que pusieron fin a la guerra interna (1960-1996) en Guatemala, Miguel Ángel Sandoval, dijo a Efe que los sucesos del 4 de octubre pasado constituyeron "la primera masacre militar" contra indígenas tras la firma de la paz hace 16 años.La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala anunció el pasado día 5 que dos grupos de sus expertos investigarán lo ocurrido.El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, lamentó la muerte de los manifestantes y planteó la "urgente necesidad" de esclarecer el origen del suceso.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció hoy que prescindirá del Ejército para disuadir a manifestantes, luego de la muerte de ocho campesinos indígenas la semana pasada en una carretera del oeste del país supuestamente a manos de soldados.El mandatario informó que ha ordenado a sus ministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y de la Defensa, Ulises Anzueto, que "en las protestas o manifestaciones de tipo social no se utilice al Ejército" para disuadirlas cuando ello sea necesario.Esa tarea deberá cumplirla la Policía Nacional Civil "aunque no tenga los recursos ni los elementos necesarios", precisó el gobernante y general en situación de retiro en declaraciones a los periodistas.Pérez Molina aseguró además que, como parte de las acciones que su Gobierno ha tomado para evitar que se repitan incidentes como los de la semana pasada, también ordenó publicar los protocolos que deberán seguir las fuerzas de seguridad para actuar ante las manifestaciones.Esos protocolos "los vamos a hacer públicos para que los conozcan todos los guatemaltecos, para que se sepan los procedimientos que se van a utilizar" en situaciones de protestas públicas, indicó el gobernante.Pérez Molina aclaró que, aunque ya no utilizarán a las Fuerzas Armadas en tareas de disuasión, los militares sí continuarán participando en las acciones regulares de seguridad ciudadana en apoyo a la Policía."En los temas de seguridad ciudadana el Ejército ha sido reclamado en diferentes lugares (por la población). Para eso sí lo vamos a seguir utilizando", especialmente en lo relacionado al combate del crimen organizado, sostuvo.El presidente insistió en que su Gobierno es el "más interesado" en que la Justicia esclarezca la matanza de campesinos, ocurrida el pasado día 4 durante una manifestación de pobladores del departamento indígena de Totonicapán.También reiteró que su Administración acatará los resultados de la investigación judicial, que lleva adelante la Fiscalía.Ocho soldados que, según ha dicho Pérez Molina, confesaron haber disparado "al aire" y en defensa propia, se encuentran detenidos en un cuartel del Ejército mientras la Fiscalía concluye las investigaciones del confuso incidente del jueves pasado, que dejó al menos ocho muertos y una treintena de heridos, la mayoría de bala.Aquel día, cientos de indígenas protestaban en un sector de la carretera Interamericana contra la reforma constitucional, que impulsa Pérez Molina, y el alza de la energía, y fueron enviados contingente del Ejército para dispersarlos.La muerte de los manifestantes ha generado una ola de repudio en Guatemala, donde la activistas de derechos humanos y las iglesias han exigido justicia, mientras que la oposición ha anunciado que denunciará a Pérez Molina ante la ONU.El exintegrante de la comisión de la antigua guerrilla que firmó los acuerdos que pusieron fin a la guerra interna (1960-1996) en Guatemala, Miguel Ángel Sandoval, dijo a Efe que los sucesos del 4 de octubre pasado constituyeron "la primera masacre militar" contra indígenas tras la firma de la paz hace 16 años.La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala anunció el pasado día 5 que dos grupos de sus expertos investigarán lo ocurrido.El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, lamentó la muerte de los manifestantes y planteó la "urgente necesidad" de esclarecer el origen del suceso.

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