Tribunal convoca a una vista sobre los 500.000 excluidos del registro electoral en Puerto Rico

El Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston ha convocado una vista para el próximo día 11 para tratar la impugnación al fallo de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, que excluyó a cerca de medio millón de personas del registro electoral por no votar en 2008.El legislador del opositor Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Hernández, parte en el caso, informó hoy en conferencia de prensa que la vista puede determinar el derecho al voto de los aproximadamente 500.000 puertorriqueños excluidos de las listas electorales por no participar en las elecciones a gobernador de hace cuatro años.Recordó que, de acuerdo a la ley electoral vigente en la isla caribeña, el elector que no vota en una elección es eliminado del registro de personas con derecho a tomar parte en la siguiente consulta, a menos que se vuelva a dar de alta.El legislador aseguró que la ley electoral puertorriqueña atenta contra derechos básicos del votante al castigar al ciudadano por ejercer su derecho de no votar, lo que, en su opinión, choca contra la ley federal, que, dijo, prohíbe ese hecho.Destacó que, como resultado, cerca de medio millón de puertorriqueños fueron excluidos, bajo su punto de vista de forma ilegal, del registro electoral para las elecciones de noviembre próximo, en las que se elegirá Gobernador, represente puertorriqueño ante Washington y los miembros de las dos cámaras legislativas.Los puertorriqueños deberán pronunciarse también sobre la relación política con Estados Unidos, que se establece actualmente bajo la estatus de Estado Libre Asociado al país norteamericano.Hernández subrayó que, según la "National Voter Registration Act" y la "Help America Vote Act", no se puede impedir el derecho al voto de un ciudadano por no haberlo ejercido en la cita electoral previa.Carlos del Valle Cruz, uno de los abogados personados en el caso y que participó en la conferencia de prensa junto al legislador, explicó que el recurso solicita que se restituya el derecho al voto a todo elector excluido, en lo que calificó como atentado contra derechos constitucionales básicos.La vista del próximo jueves pedirá a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico que explique cuáles serían las consecuencias prácticas de la reactivación de los electores excluidos tras la cita de 2008.El Tribunal de Boston ha invitado a la vista al secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, para que exponga su parecer sobre si las leyes federales electorales aplican en Puerto Rico.Del Valle Cruz destacó que la posición que asuma el secretario de Justicia estadounidense es fundamental, al estar en juego si a los residentes en Puerto Rico se les reconocen los mismos derechos que al resto de ciudadanos del país norteamericano.La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico registró un total 2.400.881 personas para las próximas elecciones que, tras inscribirse, podrán votar en la cita del 6 de noviembre, cifra todavía preliminar y que puede modificarse en función de exclusiones por fallecimiento.

El Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston ha convocado una vista para el próximo día 11 para tratar la impugnación al fallo de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, que excluyó a cerca de medio millón de personas del registro electoral por no votar en 2008.El legislador del opositor Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Hernández, parte en el caso, informó hoy en conferencia de prensa que la vista puede determinar el derecho al voto de los aproximadamente 500.000 puertorriqueños excluidos de las listas electorales por no participar en las elecciones a gobernador de hace cuatro años.Recordó que, de acuerdo a la ley electoral vigente en la isla caribeña, el elector que no vota en una elección es eliminado del registro de personas con derecho a tomar parte en la siguiente consulta, a menos que se vuelva a dar de alta.El legislador aseguró que la ley electoral puertorriqueña atenta contra derechos básicos del votante al castigar al ciudadano por ejercer su derecho de no votar, lo que, en su opinión, choca contra la ley federal, que, dijo, prohíbe ese hecho.Destacó que, como resultado, cerca de medio millón de puertorriqueños fueron excluidos, bajo su punto de vista de forma ilegal, del registro electoral para las elecciones de noviembre próximo, en las que se elegirá Gobernador, represente puertorriqueño ante Washington y los miembros de las dos cámaras legislativas.Los puertorriqueños deberán pronunciarse también sobre la relación política con Estados Unidos, que se establece actualmente bajo la estatus de Estado Libre Asociado al país norteamericano.Hernández subrayó que, según la "National Voter Registration Act" y la "Help America Vote Act", no se puede impedir el derecho al voto de un ciudadano por no haberlo ejercido en la cita electoral previa.Carlos del Valle Cruz, uno de los abogados personados en el caso y que participó en la conferencia de prensa junto al legislador, explicó que el recurso solicita que se restituya el derecho al voto a todo elector excluido, en lo que calificó como atentado contra derechos constitucionales básicos.La vista del próximo jueves pedirá a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico que explique cuáles serían las consecuencias prácticas de la reactivación de los electores excluidos tras la cita de 2008.El Tribunal de Boston ha invitado a la vista al secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, para que exponga su parecer sobre si las leyes federales electorales aplican en Puerto Rico.Del Valle Cruz destacó que la posición que asuma el secretario de Justicia estadounidense es fundamental, al estar en juego si a los residentes en Puerto Rico se les reconocen los mismos derechos que al resto de ciudadanos del país norteamericano.La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico registró un total 2.400.881 personas para las próximas elecciones que, tras inscribirse, podrán votar en la cita del 6 de noviembre, cifra todavía preliminar y que puede modificarse en función de exclusiones por fallecimiento.

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