La defensa de los campesinos de Curuguaty pedirá la recusación del fiscal

La defensa de los campesinos detenidos por la matanza que causó la destitución del presidente Fernando Lugo en Paraguay anunció hoy que pedirá la recusación del fiscal de la causa, Jalil Rachid.En rueda de prensa, los abogados de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) concretaron que procederán con su petición en una a dos semanas, basándose en la "amistad manifiesta" de la familia de Rachid con la del supuesto dueño de las tierras donde ocurrió la matanza.Seis policías y once campesinos fallecieron el 16 de junio en un tiroteo durante una operación policial de desalojo de "sin tierras" en una finca de Curuguaty (nordeste) cuya propiedad se disputaban el Estado y el empresario recientemente fallecido Blas N. Riquelme.Tanto Riquelme como el padre del fiscal, Bader Rachid, fueron presidentes del Partido Colorado.La PEICC ha asumido la defensa de una docena de los 15 campesinos detenidos por los delitos de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal.Según el fiscal, el presunto instigador del tiroteo fue el líder campesino Rubén Villalba, detenido el pasado 27 de septiembre y cuya defensa también ha quedado en manos del equipo de abogados de la PEICC, según informó hoy a Efe uno de ellos.En su informe final tras la investigación, Rachid concluyó que los campesinos comenzaron el tiroteo con sus escopetas y descartó versiones que él mismo había manejado tras la matanza, de la intervención de tiradores de armas automáticas.El letrado español Aitor Martínez, que asesora al equipo jurídico paraguayo de la PEICC, condenó que la actuación "unidireccional" de Rachid pretenda sólo "criminalizar a los campesinos"."Se cree un abogado querellante y no el fiscal de la causa (...) No investiga quién mató a los campesinos", objetó.El equipo defensor presentó el pasado día 8 varias denuncias ante el fiscal para demandarle que investigara la presunta comisión de delitos como omisión de auxilio, detención arbitraria, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en las que posiblemente incurrieron los organismos de seguridad durante el desalojo.Martínez expuso que Rachid ha dicho públicamente que las denuncias han sido desestimadas, pero que aún no ha llegado la pertinente comunicación oficial.Los letrados defensores argumentan que la Fiscalía ha obviado varias líneas de investigación, entre ellas el empleo de las armas automáticas, y denuncian la posible ocultación de pruebas, como los casquillos de ese armamento recolectados en el lugar por los vecinos al día siguiente de la masacre, y entregados a Rachid."Los hechos no son investigados intencionalmente", censuró el letrado Vicente Morales, del equipo de la PEICC.

La defensa de los campesinos detenidos por la matanza que causó la destitución del presidente Fernando Lugo en Paraguay anunció hoy que pedirá la recusación del fiscal de la causa, Jalil Rachid.En rueda de prensa, los abogados de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) concretaron que procederán con su petición en una a dos semanas, basándose en la "amistad manifiesta" de la familia de Rachid con la del supuesto dueño de las tierras donde ocurrió la matanza.Seis policías y once campesinos fallecieron el 16 de junio en un tiroteo durante una operación policial de desalojo de "sin tierras" en una finca de Curuguaty (nordeste) cuya propiedad se disputaban el Estado y el empresario recientemente fallecido Blas N. Riquelme.Tanto Riquelme como el padre del fiscal, Bader Rachid, fueron presidentes del Partido Colorado.La PEICC ha asumido la defensa de una docena de los 15 campesinos detenidos por los delitos de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal.Según el fiscal, el presunto instigador del tiroteo fue el líder campesino Rubén Villalba, detenido el pasado 27 de septiembre y cuya defensa también ha quedado en manos del equipo de abogados de la PEICC, según informó hoy a Efe uno de ellos.En su informe final tras la investigación, Rachid concluyó que los campesinos comenzaron el tiroteo con sus escopetas y descartó versiones que él mismo había manejado tras la matanza, de la intervención de tiradores de armas automáticas.El letrado español Aitor Martínez, que asesora al equipo jurídico paraguayo de la PEICC, condenó que la actuación "unidireccional" de Rachid pretenda sólo "criminalizar a los campesinos"."Se cree un abogado querellante y no el fiscal de la causa (...) No investiga quién mató a los campesinos", objetó.El equipo defensor presentó el pasado día 8 varias denuncias ante el fiscal para demandarle que investigara la presunta comisión de delitos como omisión de auxilio, detención arbitraria, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en las que posiblemente incurrieron los organismos de seguridad durante el desalojo.Martínez expuso que Rachid ha dicho públicamente que las denuncias han sido desestimadas, pero que aún no ha llegado la pertinente comunicación oficial.Los letrados defensores argumentan que la Fiscalía ha obviado varias líneas de investigación, entre ellas el empleo de las armas automáticas, y denuncian la posible ocultación de pruebas, como los casquillos de ese armamento recolectados en el lugar por los vecinos al día siguiente de la masacre, y entregados a Rachid."Los hechos no son investigados intencionalmente", censuró el letrado Vicente Morales, del equipo de la PEICC.

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