La destitución de Petro envía un "mensaje equivocado" a los negociadores de Paz en Cuba

El destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, habla ante sus seguidores, este lunes 13 de enero de 2014, en Bogotá (Colombia). EFE Galería
Carlos Rodríguez Mejía, abogado del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, durante una entrevista, en Bogotá (Colombia). EFE Galería

El destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, habla ante sus seguidores, este lunes 13 de enero de 2014, en Bogotá (Colombia). EFE

La decisión de la Procuraduría de Colombia de destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, envía un "mensaje equivocado" a los negociadores del Gobierno y las FARC en Cuba sobre el compromiso del Estado con la paz, advirtió el abogado del burgomaestre Carlos Rodríguez Mejía.Este letrado, uno de los responsables del caso Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionó en una entrevista con Efe la sanción contra Petro en un momento en el que se libra una gran batalla legal desde varios ámbitos para dirimir el futuro del alcalde."Estas decisiones mandan un mensaje equivocado a La Habana porque parte de la negociación es sobre cómo un movimiento insurgente puede reintegrarse y participar en la vida política democrática, y Gustavo Petro hace parte de ese grupo", dijo.El abogado y defensor de los derechos humanos de la Asociación Minga recordó que Petro es un exguerrillero del desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19) que lleva más de dos décadas reinsertado a la vida democrática y que "ha cumplido a cabalidad" con la sociedad.De hecho, insistió Rodríguez Mejía, tras dejar las armas Petro ocupó un escaño en la Cámara de Representantes y luego en el Senado, además fue candidato a la Presidencia y en 2011 ganó la Alcaldía de Bogotá.El defensor del alcalde destacó así lo delicado del mensaje de destitución e inhabilitación por quince años de un exrebelde para una guerrilla como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que experimentó "la exterminación" de la Unión Patriótica, el partido que promovió en un proceso de paz anterior a 1985."Entonces el mensaje es muy diciente: ¿va a haber garantías, va a cumplir la palabra el Estado colombiano de permitir esa actividad política?", se preguntó el abogado.El letrado reivindicó el papel que tienen todos los ciudadanos colombianos en el proceso de paz que las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos negocian en La Habana desde noviembre de 2012."El proceso de paz debe ser un propósito de la sociedad en su conjunto", afirmó, e insistió en que uno de los mayores opositores a estas negociaciones es precisamente el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien destituyó e inhabilitó al progresista Petro, medida que está ahora suspendida temporalmente por una tutela (recurso de amparo).Los abogados de Petro aguardan ahora a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el que admitió ayer el estudio de esa tutela, anuncie una decisión de fondo.Al tiempo, se espera que la CIDH responda a la solicitud de conceder medidas cautelares a Petro, lo que será determinante para la última decisión que la tiene el presidente Santos.El procurador Ordóñez basó su sanción en el argumento de que Petro cometió tres faltas gravísimas con dolo durante el cambio de sistema de recogida de basuras en el que sustituyó a cuatro operadores privados por un equipo mixto.

La decisión de la Procuraduría de Colombia de destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, envía un "mensaje equivocado" a los negociadores del Gobierno y las FARC en Cuba sobre el compromiso del Estado con la paz, advirtió el abogado del burgomaestre Carlos Rodríguez Mejía.Este letrado, uno de los responsables del caso Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionó en una entrevista con Efe la sanción contra Petro en un momento en el que se libra una gran batalla legal desde varios ámbitos para dirimir el futuro del alcalde."Estas decisiones mandan un mensaje equivocado a La Habana porque parte de la negociación es sobre cómo un movimiento insurgente puede reintegrarse y participar en la vida política democrática, y Gustavo Petro hace parte de ese grupo", dijo.El abogado y defensor de los derechos humanos de la Asociación Minga recordó que Petro es un exguerrillero del desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19) que lleva más de dos décadas reinsertado a la vida democrática y que "ha cumplido a cabalidad" con la sociedad.De hecho, insistió Rodríguez Mejía, tras dejar las armas Petro ocupó un escaño en la Cámara de Representantes y luego en el Senado, además fue candidato a la Presidencia y en 2011 ganó la Alcaldía de Bogotá.El defensor del alcalde destacó así lo delicado del mensaje de destitución e inhabilitación por quince años de un exrebelde para una guerrilla como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que experimentó "la exterminación" de la Unión Patriótica, el partido que promovió en un proceso de paz anterior a 1985."Entonces el mensaje es muy diciente: ¿va a haber garantías, va a cumplir la palabra el Estado colombiano de permitir esa actividad política?", se preguntó el abogado.El letrado reivindicó el papel que tienen todos los ciudadanos colombianos en el proceso de paz que las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos negocian en La Habana desde noviembre de 2012."El proceso de paz debe ser un propósito de la sociedad en su conjunto", afirmó, e insistió en que uno de los mayores opositores a estas negociaciones es precisamente el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien destituyó e inhabilitó al progresista Petro, medida que está ahora suspendida temporalmente por una tutela (recurso de amparo).Los abogados de Petro aguardan ahora a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el que admitió ayer el estudio de esa tutela, anuncie una decisión de fondo.Al tiempo, se espera que la CIDH responda a la solicitud de conceder medidas cautelares a Petro, lo que será determinante para la última decisión que la tiene el presidente Santos.El procurador Ordóñez basó su sanción en el argumento de que Petro cometió tres faltas gravísimas con dolo durante el cambio de sistema de recogida de basuras en el que sustituyó a cuatro operadores privados por un equipo mixto.

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