El Gobierno de EE.UU. pide a la Justicia que no bloquee la cobertura anticonceptiva

La jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor. EFE/Archivo La jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor. EFE/Archivo

La jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor. EFE/Archivo

El Gobierno estadounidense pidió hoy a la Justicia que no bloquee la disposición de la reforma sanitaria que obliga a incluir en los planes colectivos de seguros médicos la cobertura del control de la natalidad.El Departamento de Justicia presentó hoy sus argumentos a la jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, quien el día de Año Viejo aceptó temporalmente una demanda de última hora presentada por una organización católica que exigía quedar totalmente exonerada de esa disposición de la reforma.El caso lo ha planteado la congregación de las Hermanitas de los Pobres, un grupo de monjas de Colorado que considera que el llamado "mandato anticonceptivo", contenido en la ley, viola la libertad religiosa amparada por la Constitución.En sustancia, el Gobierno argumenta que la demanda de esta organización no tiene base, porque de hecho las entidades religiosas ya están eximidas de proporcionar a sus empleados, directamente, planes de seguros que incluyan la cobertura de los métodos anticonceptivos.Aunque no estén obligadas a hacerlo directamente, la ley sí estipula que no pueden oponerse a que la compañía aseguradora que administra el plan o una tercera parte ofrezcan esa cobertura a las empleadas que la soliciten.En el caso planteado por las Hermanitas de los Pobres se da la circunstancia de que la administradora del plan, Christian Brothers Services, también alega razones religiosas para no ofrecer esa cobertura, por lo que desde el 1 de enero, las monjas se arriesgan al pago de una multa en virtud de la nueva ley.La orden temporal de Sotomayor ha tenido como efecto suspender la eventualidad de la multa, mientras la demandante y el Gobierno explican sus razones.En su respuesta de hoy, el Gobierno insistió en que el mandato anticonceptivo es legal y que los derechos de las entidades religiosas están suficientemente protegidos.La decisión de la jueza Sotomayor de parar temporalmente la aplicación de la ley a estas organizaciones ha supuesto otro tropiezo para la reforma sanitaria impulsada por el presidente Barack Obama, en el comienzo de un año que se anuncia decisivo para su éxito o fracaso.Casi 100 empresas y organizaciones religiosas (entre las que se encuentran hospitales o centros educativos) han emprendido medidas legales contra la reforma sanitaria que obliga a incluir en los nuevos seguros médicos la cobertura de la píldora anticonceptiva o la píldora del día después.Esta última resulta especialmente inaceptable para las asociaciones católicas, que la consideran equivalente al aborto.El caso legal planteado es muy complejo, porque la ley de reforma sanitaria dispensa un tratamiento diferentes a los empleadores según sean entidades con ánimo de lucro o sin él.Si se trata de entidades con ánimo de lucro, como empresas o corporaciones, no pueden eludir la obligación de proporcionar seguro médico a sus empleados con el grado de cobertura estipulado en la ley, es decir, incluida la medicina preventiva y el control de la natalidad.En junio de 2012, el Tribunal Supremo ya avaló, en términos generales, la constitucionalidad de la disposición más polémica de la ley, la que introduce la obligación para todo estadounidense de contratar un seguro médico a través de su empleador o de forma individual.

El Gobierno estadounidense pidió hoy a la Justicia que no bloquee la disposición de la reforma sanitaria que obliga a incluir en los planes colectivos de seguros médicos la cobertura del control de la natalidad.El Departamento de Justicia presentó hoy sus argumentos a la jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, quien el día de Año Viejo aceptó temporalmente una demanda de última hora presentada por una organización católica que exigía quedar totalmente exonerada de esa disposición de la reforma.El caso lo ha planteado la congregación de las Hermanitas de los Pobres, un grupo de monjas de Colorado que considera que el llamado "mandato anticonceptivo", contenido en la ley, viola la libertad religiosa amparada por la Constitución.En sustancia, el Gobierno argumenta que la demanda de esta organización no tiene base, porque de hecho las entidades religiosas ya están eximidas de proporcionar a sus empleados, directamente, planes de seguros que incluyan la cobertura de los métodos anticonceptivos.Aunque no estén obligadas a hacerlo directamente, la ley sí estipula que no pueden oponerse a que la compañía aseguradora que administra el plan o una tercera parte ofrezcan esa cobertura a las empleadas que la soliciten.En el caso planteado por las Hermanitas de los Pobres se da la circunstancia de que la administradora del plan, Christian Brothers Services, también alega razones religiosas para no ofrecer esa cobertura, por lo que desde el 1 de enero, las monjas se arriesgan al pago de una multa en virtud de la nueva ley.La orden temporal de Sotomayor ha tenido como efecto suspender la eventualidad de la multa, mientras la demandante y el Gobierno explican sus razones.En su respuesta de hoy, el Gobierno insistió en que el mandato anticonceptivo es legal y que los derechos de las entidades religiosas están suficientemente protegidos.La decisión de la jueza Sotomayor de parar temporalmente la aplicación de la ley a estas organizaciones ha supuesto otro tropiezo para la reforma sanitaria impulsada por el presidente Barack Obama, en el comienzo de un año que se anuncia decisivo para su éxito o fracaso.Casi 100 empresas y organizaciones religiosas (entre las que se encuentran hospitales o centros educativos) han emprendido medidas legales contra la reforma sanitaria que obliga a incluir en los nuevos seguros médicos la cobertura de la píldora anticonceptiva o la píldora del día después.Esta última resulta especialmente inaceptable para las asociaciones católicas, que la consideran equivalente al aborto.El caso legal planteado es muy complejo, porque la ley de reforma sanitaria dispensa un tratamiento diferentes a los empleadores según sean entidades con ánimo de lucro o sin él.Si se trata de entidades con ánimo de lucro, como empresas o corporaciones, no pueden eludir la obligación de proporcionar seguro médico a sus empleados con el grado de cobertura estipulado en la ley, es decir, incluida la medicina preventiva y el control de la natalidad.En junio de 2012, el Tribunal Supremo ya avaló, en términos generales, la constitucionalidad de la disposición más polémica de la ley, la que introduce la obligación para todo estadounidense de contratar un seguro médico a través de su empleador o de forma individual.

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