Pareja de abuelos indocumentados en Arizona lucha por tener custodia de nieta

De izda. a dcha., el director del grupo "Puente" Carlos Garcia, Francisco Perez y su esposa Olivia, que tiene en brazos a la hija de ambos, Arely, de dos años, durante una rueda de prensa hoy en Phoenix, Arizona. EFE Galería
Francisco Perez durante una rueda de prensa hoy en Phoenix, Arizona junto a su esposa Olivia (no aparece en la imagen). La odisea de la familia Pérez comenzó el 6 de octubre del 2013 cuando Samantha, hija de la pareja y de tan solo 15 años de edad, dio a Galería

De izda. a dcha., el director del grupo "Puente" Carlos Garcia, Francisco Perez y su esposa Olivia, que tiene en brazos a la hija de ambos, Arely, de dos años, durante una rueda de prensa hoy en Phoenix, Arizona. EFE

Francisco y Olivia Pérez, una pareja de abuelos en Phoenix, Arizona, enfrenta una intensa batalla después de que un juez les haya negado la custodia de su nieta debido a su estatus de inmigrantes indocumentados, situación cada vez más frecuente según activistas migratorios."Un juez nos dijo que no cumplimos con los requisitos para 'adoptar' debido a nuestro estatus migratorio", manifestó a Efe Olivia Pérez, de 34 años de edad, y abuela de la menor Kimberly, de dos años, a quien en la corte se está presentando como la "bebé Pérez".La odisea de la familia Pérez comenzó el 6 de octubre del 2013 cuando Samantha Pérez, hija de la pareja y de tan solo 15 años de edad, dio a luz en el baño de su casa. Sus padres no sabían nada del embarazo y sobre el cual aseguran fue producto de una violación a manos de un familiar.Al ver la sangre, la madre llamó al número de emergencia pero Samantha ocultó a la bebé en una ventana, por lo que después enfrentó cargos de abuso de menor y por poner en riesgo la vida del infante.Como parte de un acuerdo con la fiscalía, la madre fue sentenciada a cinco años de prisión en una cárcel para adultos pero perdió todos los derechos sobre su hija.Los abuelos de inmediato iniciaron una lucha para obtener su custodia."Al principio nos dejaban verla una vez a la semana, después ni siquiera eso y todo por nuestro estatus migratorio", dijo a Efe Francisco Pérez, abuelo de la niña.El inmigrante considera que es una injusticia lo que está pasando con su familia, ya que asegura cumplen con todo los requisitos para cuidar a su nieta.Ambos originarios del estado mexicano de Puebla, Pérez, de 37 años de edad, trabaja en un restaurante como cocinero, mientras que su esposa cuidaba del resto de sus hijos, incluyendo una niña pequeña. No tienen ningún récord criminal y nunca han tenido problemas con las autoridades."Continuaremos luchando, no nos vamos a dar por vencidos", aseguró el hombre.Los abuelos pudieron ver a la menor hasta el pasado mes de noviembre cuando les dijeron que no podían continuar viéndola y que su petición de tener la custodia de su nieta era rechazada por su estatus migratorio.Indicó que su mayor temor ahora es perder para siempre la custodia de su nieta o que inclusive sea adoptada por otra familia. Algo que asegura desconoce si ya ocurrió.El costo legal para la familia ha sido muy alto, ya que calculan que en aprobadas han gastado varios miles de dólares."Creo que mi hija está siendo castigada una y otra vez por haber sido víctima de violación", dijo la abuela, quién aseguró que el padre de la menor se escapó a México y que no han sabido nada de él.Para activistas como carlos García, director del grupo Puente, el caso de la familia Pérez es un ejemplo de los abusos y discriminación que sufren las familias indocumentadas en Arizona y el resto de Estados Unidos."La ley en ningún momento dice que el estatus legal de una persona es un obstáculo para obtener su custodia, especialmente si eres el abuelo, pero en este caso la corte junto al Departamento de Seguridad al Menor (DCS) lo están usando en su contra", detalló García a Efe al término de una conferencia de prensa en Phoenix.En su opinión, el estado ha "secuestrado" a la nieta de la familia Pérez sin ninguna razón justificada.Aseguró que como este caso, hay muchos más donde familias hispanas o inmigrantes están teniendo problemas con el DCS, un departamento que en los últimos años ha enfrentado fuertes críticas que provocó una seria reestructuración después de que se descubriera que cientos de casos pasaron años sin ser investigados."No podemos permitir que se cometan injusticias como estas en contra de nuestra comunidad", aseguró el activista.El grupo Puente ha iniciado una petición en línea pidiendo el apoyo del público a la familia Pérez para que les regresen a su nieta. También tienen previsto ayudar a la hija de la pareja quien aun debe cumplir tres años más en prisión.Lo único que están solicitando con urgencia los abuelos es que les permitan ver a su nieta.Contactados por Efe, el Departamento de Seguridad al Menor (DCS) declaró que no podían comentar sobre ninguno de los casos que manejan, ni tampoco dar información sobre la menor.

Francisco y Olivia Pérez, una pareja de abuelos en Phoenix, Arizona, enfrenta una intensa batalla después de que un juez les haya negado la custodia de su nieta debido a su estatus de inmigrantes indocumentados, situación cada vez más frecuente según activistas migratorios."Un juez nos dijo que no cumplimos con los requisitos para 'adoptar' debido a nuestro estatus migratorio", manifestó a Efe Olivia Pérez, de 34 años de edad, y abuela de la menor Kimberly, de dos años, a quien en la corte se está presentando como la "bebé Pérez".La odisea de la familia Pérez comenzó el 6 de octubre del 2013 cuando Samantha Pérez, hija de la pareja y de tan solo 15 años de edad, dio a luz en el baño de su casa. Sus padres no sabían nada del embarazo y sobre el cual aseguran fue producto de una violación a manos de un familiar.Al ver la sangre, la madre llamó al número de emergencia pero Samantha ocultó a la bebé en una ventana, por lo que después enfrentó cargos de abuso de menor y por poner en riesgo la vida del infante.Como parte de un acuerdo con la fiscalía, la madre fue sentenciada a cinco años de prisión en una cárcel para adultos pero perdió todos los derechos sobre su hija.Los abuelos de inmediato iniciaron una lucha para obtener su custodia."Al principio nos dejaban verla una vez a la semana, después ni siquiera eso y todo por nuestro estatus migratorio", dijo a Efe Francisco Pérez, abuelo de la niña.El inmigrante considera que es una injusticia lo que está pasando con su familia, ya que asegura cumplen con todo los requisitos para cuidar a su nieta.Ambos originarios del estado mexicano de Puebla, Pérez, de 37 años de edad, trabaja en un restaurante como cocinero, mientras que su esposa cuidaba del resto de sus hijos, incluyendo una niña pequeña. No tienen ningún récord criminal y nunca han tenido problemas con las autoridades."Continuaremos luchando, no nos vamos a dar por vencidos", aseguró el hombre.Los abuelos pudieron ver a la menor hasta el pasado mes de noviembre cuando les dijeron que no podían continuar viéndola y que su petición de tener la custodia de su nieta era rechazada por su estatus migratorio.Indicó que su mayor temor ahora es perder para siempre la custodia de su nieta o que inclusive sea adoptada por otra familia. Algo que asegura desconoce si ya ocurrió.El costo legal para la familia ha sido muy alto, ya que calculan que en aprobadas han gastado varios miles de dólares."Creo que mi hija está siendo castigada una y otra vez por haber sido víctima de violación", dijo la abuela, quién aseguró que el padre de la menor se escapó a México y que no han sabido nada de él.Para activistas como carlos García, director del grupo Puente, el caso de la familia Pérez es un ejemplo de los abusos y discriminación que sufren las familias indocumentadas en Arizona y el resto de Estados Unidos."La ley en ningún momento dice que el estatus legal de una persona es un obstáculo para obtener su custodia, especialmente si eres el abuelo, pero en este caso la corte junto al Departamento de Seguridad al Menor (DCS) lo están usando en su contra", detalló García a Efe al término de una conferencia de prensa en Phoenix.En su opinión, el estado ha "secuestrado" a la nieta de la familia Pérez sin ninguna razón justificada.Aseguró que como este caso, hay muchos más donde familias hispanas o inmigrantes están teniendo problemas con el DCS, un departamento que en los últimos años ha enfrentado fuertes críticas que provocó una seria reestructuración después de que se descubriera que cientos de casos pasaron años sin ser investigados."No podemos permitir que se cometan injusticias como estas en contra de nuestra comunidad", aseguró el activista.El grupo Puente ha iniciado una petición en línea pidiendo el apoyo del público a la familia Pérez para que les regresen a su nieta. También tienen previsto ayudar a la hija de la pareja quien aun debe cumplir tres años más en prisión.Lo único que están solicitando con urgencia los abuelos es que les permitan ver a su nieta.Contactados por Efe, el Departamento de Seguridad al Menor (DCS) declaró que no podían comentar sobre ninguno de los casos que manejan, ni tampoco dar información sobre la menor.

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