Gobernador de Puerto Rico firma ley que crea Oficina Desarrollo Comunitario

El Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. El Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

El Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, convirtió en ley el proyecto para crear la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, que pretende modernizar, simplificar, unificar y agilizar los procesos y servicios gubernamentales para lograr el desarrollo pleno del tercer sector y las comunidades.

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico sustituye a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-Económico y la Autogestión creada por la Ley 1-2001 y estará adscrita a la Oficina del Gobernador, recordó en un comunicado La Fortaleza -sede del ejecutivo-.

"Con esta ley buscamos uniformar los procesos y disminuir la burocracia y establecemos la política pública del Gobierno de Puerto Rico para promover que las comunidades puedan ser motor de su propio desarrollo, dentro de un proceso enmarcado en la autogestión que permita a las personas ser parte integral del avance de su comunidad", destacó.

Además, Rosselló, quien firmó la pieza en el Hospital Pediátrico en Río Piedras, indicó que "la ley promueve un gobierno facilitador y no paternalista, y se administran con mayor eficiencia los fondos federales".

La nueva entidad se encargará de proveer todos los servicios de carácter comunitario, y relacionados al tercer sector -que actualmente se ofrecen de manera desigual y desintegrada por distintas agencias gubernamentales- de una manera unificada y uniforme.

Al mismo tiempo, la ley permite ampliar el número de Juntas Comunitarias y Organizaciones Sin Fines de Lucro activas y funcionales y promueve la mejora de las condiciones físicas, infraestructurales y ambientales de las comunidades desventajadas y los municipios.

También, según la ley, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, "tendrá la responsabilidad de analizar, atender y corregir todos los asuntos relacionados al Programa de Comunidades Especiales, incluyendo el Fideicomiso Perpetuo para Comunidades Especiales".

"Para ello, deberá investigar, sin que esto se entienda como una limitación, la adjudicación de proyectos, obligación y desembolso de fondos, certificaciones y todos aquellos elementos que de alguna forma u otra formaron parte de este programa. Ninguna persona o entidad pública o privada, que haya sido parte del programa o haya recibido beneficios o fondos de este podrá negarse a someter los documentos solicitados para fines de esta investigación", reza el estatuto.

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico deberá presentar un informe detallado con sus hallazgos y recomendaciones al gobernador y a la Asamblea Legislativa en un período no mayor de seis meses a partir de ahora.

De otro lado, se crea el Consejo Asesor para el Desarrollo de las Comunidades Especiales que será presidido por el director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico.

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